Esther Fernández Arjonilla expone los fallos de las pulseras antimaltrato investigadas por la UCO por posible fraude: "Limitan la libertad de la víctima"

La Fiscalía Europea ha enviado a agentes de la UCO al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre la contratación de las pulseras antimaltrato. Una investigación que trata de esclarecer un posible fraude en la compra de estos dispositivos y un presunto uso irregular de los fondos europeos.

En 'Horizonte' hablamos con la jueza Esther Fernández Arjonilla, quien en septiembre del año pasado ya se sentó en el plató del programa para alertar del funcionamiento irregular de las pulseras y denunciar que no obtuvo ninguna respuesta . "Teníamos problemas de cobertura y se intentaron solventar con un enlace por parte del Ministerio para que viésemos las coberturas que teníamos en nuestra comunidad. En la mía no había, por lo tanto las víctimas o agresores no iban a estar controlados."

"Tengo víctimas que están recibiendo tratamiento por las incidencias del dispositivo"

"Desde el año 2023 los jueces veníamos advirtiendo de estas incidencias", ha dicho la jueza, que también se ha pronunciado sobre las posibles irregularidades económicas que ahora investiga la Fiscalía Europea: "Nos enteramos que encima han sido más baratas de lo que se venía presupuestando y parece ser que no se han invertido en unos mecanismos adecuados. Es muy difícil no entender por qué no se ha invertido en unos dispositivos que funcionen".

Además, la jueza ha explicado el impacto que los fallos han tenido en las víctimas y las consecuencias psicológicas que sigue sufriendo: "Tengo víctimas que están recibiendo tratamiento a consecuencia de las incidencias del dispositivo. Víctimas que te dicen que se lo han encontrado en la calle y no ha saltado el dispositivo o que salta y les mandan tirarse horas en una casa porque hay una pérdida de cobertura. Al final a la que se le limita la libertad es a la víctima".

"Este año el ministerio de Igualdad ha anunciado una nueva licitación de 111 millones de euros, pero, ¿de qué nos sirve si nos encontramos con dispositivos que están generando malestar a las víctimas? Y si encima parece ser tampoco esos millones van destinados, creo que es ya la la guinda del pastel", ha sentenciado.