Las empresas de inversión deberán dar información "clara y completa" sobre su gobierno corporativo en su web

Así se recoge en la norma que regula las obligaciones de publicidad de las empresas de servicios de inversión (ESI) en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones a través de sus páginas web, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que otorga a estas sociedades un plazo de tres meses para cumplir con sus exigencias.

En concreto, la Circular requiere a las empresas de servicios de inversión introducir en su web de inicio un apartado denominado 'Gobierno corporativo y política de remuneraciones' en el que aparezcan los estatutos de la sociedad, sus reglamentos, la estructura organizativa y los procedimientos de control de riesgos, así como los mecanismos de control interno, la composición del consejo y la remuneración total devengada, entre otros aspectos.

Todo este contenido deberá ser accesible en tres clics desde la página de inicio y no requerirá la previa identificación del consultante. Además, se debe ofrecer la posibilidad de descargarlos e imprimirlos.

No obstante, la norma contempla que la información requerida que se encuentre en otros apartados de la página o en las bases telemáticas de los registros públicos de la CNMV u otros organismos pueda ofrecerse mediante enlaces a los mismos.

La Circular entra en vigor mañana, pero las entidades disponen de un plazo de tres meses para actualizar esta información

INMOVILIZADOS INTANGIBLES

Como disposición adicional, la norma incluye la modificación de la Circular 7/2008, que regula las normas contables aplicables a estas empresas y las sociedades gestoras de vehículos de inversión colectiva, en línea con los cambios introducidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad en 2015 y 2016 sobre el tratamiento contable de los inmovilizados intangibles.

Con esta modificación, los inmovilizados intangibles pasan a tener una vida útil definida, por lo que serán amortizables. En el caso de que la vida útil de estos no pueda estimarse de manera fiable, se amortizarán en un plazo de diez años.

Esta disposición adicional entra en vigor en todo caso en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017.