Silva dice que encarceló "razonadamente" a Blesa por el riesgo de destrucción de pruebas

La segunda sesión del juicio por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa' ha comenzado con la decisión del tribunal de no aplazar la vista y con el interrogatorio del acusado, quien ha optado por responder únicamente a su defensa.

El fiscal Manuel Moix y el resto de acusaciones han protestado porque no se incorporaran las preguntas que por escrito desearan formular.

Silva ha vuelto a justificar su decisión de encarcelar el 22 de mayo de 2013 a Blesa con una fianza de 2,5 millones de euros y nuevamente el 5 de junio de forma incondicional. Para él, la prisión estuvo acordada "razonadamente" ante los indicios de que el banquero había llevado a cabo una "gestión muy inadecuada que socavaba todos los protocolos" al frente de la entidad.

A pesar de que "nadie tiene una bola de cristal" para saber a ciencia cierta si "las pruebas se manipularán o el acusado se fugará", el juez ha advertido de que "por supuesto" se cumplían los "requisitos legales de pronóstico criminal" y que los peritos le habían manifestado que "estaban siendo amenazados por personas del Consejo de Administración como Estanislao Rodríguez-Ponga y José Antonio Moral Santín".

En un extenso interrogatorio, el abogado de Silva, Gonzalo Boyé, ha repasado todos los pasos que siguió la investigación del crédito por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al entonces consejero Gerardo Díaz Ferrán, así como la instrucción sobre la compra del City National Bank de Florida.

Silva ha basado su decisión de reabrir el procedimiento sobre el préstamo en la existencia de varios indicios de criminalidad, sobre todo en el "hundimiento de la tercera entidad financiera del país que llevó a España a la bancarrota, a la subida de la prima de riesgo y a bonos basura".

Acusa a Blesa de dar una versión no creíble

El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ahora en excedencia y abogado en ejercicio, ha destacado además que la versión de Blesa "no era creíble" pues negó radicalmente "la más mínima anomalía" en la concesión de créditos y su amistad con el antiguo jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán.

Según ha precisado, basta buscar en Google para constatar que estas palabras no eran ciertas y que incluso hacían viajes juntos. "El crédito no tenía desperdicio, Díaz Ferrán era miembro del Consejo de Administración y había cautelas que generaban indicios de criminalidad, unidos al hundimiento notorio y mayúsculo de la entidad", ha agregado.

A ello se unía el hecho de que Blesa "no había dado la más mínima explicación de por qué se hundió la entidad" cuando compareció por aquellas fechas en el Congreso de los Diputados. En resumen, ha considerado que la querella del Ministerio Público incurre "manifiestamente en falsedad, no tiene ningún fundamento y sí un ánimo abiertamente torticero y delictivo".

En cuanto a los correos electrónicos corporativos de Blesa, el juez ha explicado que constituyen "un documento propio del ámbito corporativo" y que si alguien los utiliza para hablar sobre "temas privados" está "cediendo totalmente su intimidad".

De hecho, ha precisado que el protocolo interno de Caja Madrid establece que su titularidad corresponde a la entidad. "Si el presidente no conoce este protocolo, apaga y vámonos, si no sería una ignorancia deliberada o una incompetencia inexcusable", ha señalado, para agregar que pensó que el exbanquero podía ser autor de un delito de apropiación indebida por haberse quedado con un ordenador de la caja.

Silva ha negado tener relación al margen de sus funciones jurisdiccionales con el sindicato Manos Limpias, que ejercía la acusación en el caso, y ha precisado que incluso tuvo que preguntar al secretario judicial "quienes son éstos". "No les conocía absolutamente de nada", ha remachado.

Silva ha indicado que en un principio sobreseyó la investigación sobre el crédito porque la denuncia de Manos Limpias estaba planteada en términos abstractos sin acompañarse de indicios. Posteriormente, reabrió el proceso ante la "evidencia" que suponía el hundimiento de la caja madrileña y que, a su juicio, guardaba "conexión" con el crédito.

El acusado se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, que la rechazó, y procedió a llamar a declarar a los principales sospechosos, Blesa y Díaz Ferrán, para proteger su derecho de defensa y escucharles antes de practicar diligencias. Ante sus palabras de descargo difíciles de creer, procedió a investigar.

Al ser preguntado por el delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia del que se le acusa, Silva ha asegurado que actuó con "la mayor celeridad posible", al tiempo que ha negado tener "inquina" hacia el fiscal y ha criticado la actitud obstruccionista del Ministerio Público.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repite estos días el juicio después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.

El juez Silva está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.

La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.

El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.

Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.

Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.

En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contaria a cualquier interpretación posible en Derecho". El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.