La audiencia pública de la trasposición de PSD2 a la ley española se cierra este martes

Así, a pesar de que la norma europea se encuentra en vigor desde el sábado, no se ha traspuesto plenamente a la legislación española, algo que se espera que ocurra durante el primer semestre de este año, según informaron fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos.

Mediante la ley que finalmente se apruebe se regulará el acceso de terceros a la información bancaria de un cliente necesaria para realizar un pago, aunque con su consentimiento previo. Para ello, Economía creará un nuevo régimen de operadores para los servicios de pago, de forma que introducirá la figura del iniciador de pagos y la del proveedor de información.

En una compra realizada por un cliente en un comercio electrónico en la que el pago no se haga con tarjeta, sino vía transferencia, el iniciador de pago sería el encargado de realizar la transferencia con los datos del cliente, a los que tendría acceso tras recabar su consentimiento.

Por su parte, los proveedores de información de cuentas actuarían como agregadores de estos productos, un servicio que en España ya realizan firmas como Fintonic.

Estos operadores tendrán así derecho a acceder a la infraestructura de los bancos, pero deberán solicitar una licencia para actuar o bien como iniciadores de pago o bien como proveedores de información de cuentas.

Además, este anteproyecto contempla una simplificación del proceso de autorización de entidades de tamaño reducido, que no cuentan con un pasaporte comunitario, de forma que se permitiría a las startups entrar en el mercado "de forma relativamente sencilla", según han explicado fuentes del Ministerio de Economía.

SE REDUCE EL PLAZO DE RECLAMAR ANTE EL BANCO

Asimismo, esta norma reduce el plazo de resolución de las reclamaciones que los clientes presenten ante sus entidades en relación con la prestación de servicios de pago.

Concretamente, este plazo, actualmente fijado en dos meses, se rebajará hasta quince días, de acuerdo con la norma, que dará al sector financiero tres meses de adaptación a partir de su entrada en vigor.

Por otra parte, también se reduce la cantidad de la que se responsabiliza el cliente en el caso de un robo de la tarjeta de crédito o de una transferencia realizada sin autorización desde 150 euros a 50 euros, como establece la directiva.