El Tribunal de Cuentas insta a estudiar por qué hay tantas renuncias en ayudas a la localización industrial

Así figura en el 'Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422A "Incentivos regionales a la localización industrial", Ejercicio 2015' al que ha tenido acceso Europa Press.

En él, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda detecta deficiencias en el control interno de estas ayudas, incumplimientos por parte de las comunidades autónomas a la hora de remitir documentación, e incluso "cierto grado de discrecionalidad" al determinar la valoración de los criterios por parte del Comité de Evaluación, figura que también cuestiona por no existir referencia a ella ni en la normativa ni en el Manual de Procesos y Procedimientos.

Entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas señala que deberían estudiarse las razones por las que se produce un elevado número de solicitudes de modificaciones y renuncias en los proyectos y, en su caso, promover la modificación de las condiciones de las resoluciones individuales o de los procedimientos aplicados en la valoración de solicitudes con la finalidad de incrementar la efectividad de los incentivos mediante la reducción del porcentaje de renuncias.

Este "significativo número de solicitudes de modificación de las condiciones", a juicio del Tribunal, "pone de manifiesto que las condiciones establecidas en cada resolución individual se desvirtúan en parte a lo largo de la vida de los proyectos". En 2015, se tramitaron 148 solicitudes de los 370 expedientes vigentes, un 40% del total.

El órgano fiscalizador también destaca la renuncia del 23% del total. "Revela que existen circunstancias relativas a la evaluación de los proyectos (viabilidad técnica y financiera) y a las condiciones iniciales establecidas para su ejecución que reducen la eficacia de esta modalidad de ayudas en las áreas donde se producen las renuncias", subraya.

INCUMPLIMIENTOS DE LAS CCAA

Respecto a los incumplimientos de las comunidades autónomas, el Tribunal advierte de que en la mayoría de los casos analizados estas administraciones no aportan a la Dirección General de Fondos Comunitarios el informe que, junto a la solicitud de la ayuda, se pronuncian sobre la adecuación, viabilidad, concurrencia con otras ayudas y otros aspectos relevantes del proyecto. Además, añade que "cuando se aporta, sólo en la mitad de ellos se adecúa a lo prescrito en la Orden".

Por otro lado, también señala que, tanto en normativa como en el Manual de Procesos y Procedimientos del programa, "no existe referencia alguna a la actividad desarrollada, composición y funcionamiento del Comité de Evaluación de Proyectos, órgano que 'de facto' realiza la valoración de los proyectos".

Además, detecta "cierto grado de discrecionalidad en la determinación de la valoración de los criterios que sirven de base al informe del Área de Proyectos", que emite el mencionado Comité de Evaluación de Proyectos. Esto, reconoce, "puede afectar a la obtención de la puntuación mínima para que un proyecto sea financiable".

"Si bien todos los criterios que se utilizan están baremados", apostilla, "en algunos, cuya puntuación no se asigna mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, no existe una pauta que permita objetivar la puntuación otorgada".

Otro de los incumplimientos de las administraciones autonómicas es la del envío a Fondos Comunitarios del grado de ejecución de los proyectos a los que se les ha concedido ayudas en los 30 días siguientes a cada semestre, por lo que el Tribunal de Cuentas lamenta que esta dirección general "no dispone de información en tiempo y forma precisa de la situación de cada proyecto".

NO SE COMPRUEBA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Las comunidades autónomas tampoco se encargaban de comprobar ciertas condiciones, como el mantenimiento del empleo en los proyectos, una labor que, según esta institución, les correspondería. Sin embargo, "la práctica habitual", subraya el Tribunal, "es que la comprobación (y la solicitud de información) sea realizada, en la mayoría de los casos, por Fondos Comunitarios, en lugar de llevarse a cabo estas comprobaciones por las CCAA y comunicarse dicho resultado a la citada Dirección General.

También encuentra problemas el órgano fiscalizador en el control interno de las instituciones sobre los proyectos. Por ejemplo, detecta "deficiencias" en el listado de expedientes de revisión de cumplimiento de ciertas condiciones, como el mantenimiento del empleo y de la inversión en los proyectos.

Así, asevera que figuran en ella determinados expedientes que no deberían de figurar al no haberse producido esa comprobación en 2015, lo que, a juicio del Tribunal de Cuentas, "evidencia una debilidad del control interno del procedimiento".

Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que la Dirección General de Fondos Comunitarios revise la periodicidad de la obligación que tiene el Consejo Rector, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de elevar al Gobierno una memoria explicativa de los incentivos regionales concedidos a cada zona, así como su incidencia sobre el empleo y la inversión.