Montoro invita a pactar la reestructuración de deuda territorial para aumentar los recursos del gasto social

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha invitado este miércoles en el Congreso a la oposición a pactar durante la tramitación presupuestaria una reestructuración de la deuda autonómica y local para aumentar los recursos del gasto social que dedican estas administraciones.

Durante el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el ministro ha pedido "abordar esa reestructuración aquí, en el Congreso, y después en el Senado", y definir estos procesos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de la Administración Local en mayo.

El ministro ha asegurado que "el Gobierno entiende que no se puede financiar el Estado a futuro a través del pago de la deuda o de los intereses de la deuda, que ha generado esta crisis, y derivada de los mecanismos excepcionales de financiación de liquidez".

En este sentido, Montoro ha dicho que "es la voluntad del Gobierno llevar adelante la reforma de la financiación autonómica y local" con el fin de "garantizar a futuro" que "particularmente" los ingresos de la recuperación económica "vayan a financiar el gasto del Estado del Bienestar".

34.389 MILLONES AHORRADOS DESDE 2012

Durante su intervención, en la que ha defendido su proyecto de Presupuestos antes de someterse al escrutinio de los grupos que piden la devolución de las cuentas, el ministro ha defendido que este gasto social, tal y como prevé la Constitución lo "sostiene" el sistema autonómico.

"El estado de las autonomías somos todos", ha dicho, defendiendo así los mecanismos impulsados para financiar a las administraciones con dificultades durante la crisis para abordar los impagos a proveedores. "Es muy fácil gobernar, gastar y no pagar. Algunos lo saben perfectamente", ha ironizado.

En este sentido, el ministro ha destacado que desde 2012 las administraciones autonómicas han ahorrado 34.389 millones de euros en intereses de la deuda, y hasta 1.070 millones en el caso de las administraciones locales.