El Gobierno no descarta retrasar la convalidación del Decreto de la estiba ante la falta de apoyos

El Decreto Ley, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero, debe convalidarse en el Pleno del Congreso en los 30 días siguientes, por lo que tiene de plazo hasta el 23 de marzo.

El Gobierno pidió que se incluyera en el orden del día de la próxima semana, concretamente el día 9 de marzo, pero ahora prefieren esperar a la reunión de la Junta de Portavoces del martes 7, en la que habrá que fijar el orden del día definitivo del Pleno.

A la vista de las posiciones de la oposición, el Gobierno y el PP decidirán si mantienen el plan de votar el día 9 o lleva la convalidación a alguna da los dos siguientes semanas.

Para convalidar el decreto ley, el PP no necesita mayoría absoluta, sino sumar más votos a favor que en contra, pero eso requiere contar con la complicidad de alguno de los otros tres grandes partidos (PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos), ya sea en forma de apoyo o de abstención.

NI PSOE, NI CS, NI PODEMOS.

Sin embargo, el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ratificó este miércoles el rechazo de su partido al Decreto Ley porque no cuenta con el consenso de sindicatos y patronal del sector, que actualmente mantienen una negociación abierta.

En la misma línea se ha posicionado Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, ha exigido abrir una negociación con el Gobierno y ha criticado el "decretazo" con el que el Ejecutivo ha aprobado la reforma de la actividad en los puertos.

Unidos Podemos, por su parte, se mantiene en el rechazo frontal a la reforma y apoya la huelga convocada por los estibadores.

Fuentes parlamentarias 'populares' han señalado que mantienen negociaciones con los distintos grupos de la oposición para recabar apoyos que, al menos manifiestamente, aún no cuentan, pero admiten que, si no hay acuerdo entre los agentes sociales, será muy difícil reunir los votos necesarios para convalidar el decreto ley.

En ese contexto, el PP ya acusó al PSOE este miércoles de obstaculizar las negociaciones con su veto a la aprobación de la reforma, pues consideran que esta posición refuerza la postura de los sindicatos y dificulta alcanzar un acuerdo.

El Gobierno quiere aprobar cuanto antes la reforma de la estiba para evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una sanción a España por contravenir la normativa comunitaria. Por el momento, los sindicatos de estibadores rechazan el texto contra el que tienen convocados paros en los puertos para las próximas semanas.