La banca aportará hasta 2.000 millones para satisfacer preferentes

"Lo que estamos haciendo es pedir a los bancos una cantidad extraordinaria de dinero para dotar de recursos al FGD de modo que pueda dotar de liquidez a estas participaciones preferentes", afirmó De Guindos en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

De Guindos ha señalado que esa derrama se va a distribuir por años, de modo que el 40% del total se dotará en los veinte primeros días de 2014.

La comisión gestora del FGD fijará la cuantía, pero podrá establecer exenciones para eximir a las entidades intervenidas por el FROB, así como a las de pequeño tamaño, con un balance inferior a los 5.000 millones, y se tendrán en cuenta las aportaciones a la Sociedad gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

"Se podrá eximir hasta el 30% de las aportaciones de la Sareb, que de algún modo se pueden realizar hasta el 31 de diciembre de este año", ha precisado.

De este modo, las entidades que, como BBVA, no han entrado en el capital del 'banco malo' no podrán beneficiarse de estas exenciones, pero sí podrán hacerlo si participan en el accionariado de aquí a final de año.

El objetivo del Gobierno con esta fórmula es intentar primar a los inversores minoristas que adquirieron participaciones preferentes emitidas por la entidad gallega y la catalana.

Con este instrumento, los titulares de participaciones preferentes que las canjeen por títulos de Novagalicia Banco y Catalunya Banc recibirán un producto que podrá convertirse en líquido si así lo desean.

De este modo, se elimina la asimetría que estos inversores tenían con los preferentistas de Bankia, que pueden canjear estas participaciones por títulos de una entidad que cotiza en el mercado.

Arbitraje

El Real Decreto aprobado también incluye la creación de la Comisión de seguimiento de los procedimientos de arbitraje en los casos de participaciones preferentes, que estará presidida por la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y su vicepresidencia recaerá en el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.

También estará integrada por la secretaria general de Sanidad y Consumo, el secretario general del Tesoro y el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, así como de cualquier institución de consumo y autoridades que se considere oportuno.

"Esta aprobación marca la voluntad del Gobierno de hacer frente a un problema del pasado pero que es real. Hay emitidos títulos por importe de 8.000 millones de euros y existen cerca de unas 300.000 personas afectadas", ha resumido el ministro.

Entre las funciones de esta Comisión estará la redacción trimestral de un informe, que posteriormente se remitirá al Congreso de los Diputados, en el que se explique cómo se están desarrollando los procedimientos de arbitrajes. Además, deberá elaborar propuestas para la defensa de los ahorrados.

"Deberá establecer criterios básicos que tienen que usarse en el procedimiento de arbitraje para que se lleven a cabo de una forma adecuada y correcta y adoptar una serie de criterios para defender a los clientes que se considere que han sido más vulnerables, por su cultura financiera o por su edad", ha añadido De Guindos.

Procedimiento 'Ad hoc'

Según ha explicado el ministro, el principal objetivo de la Comisión es crear un procedimiento 'ad hoc' que permita "con la máxima celeridad posible" atender a las necesidades de los colectivos más vulnerables.

El titular de Economía ha recordado que a mediados de 2012 el Gobierno tomó una serie de medidas que afectaban a estos productos, entre las que figuraba el favorecer el arbitraje para solucionar los casos en los que se pudieran haber dado irregularidades.

Así, ha avanzado que el impacto de este procedimiento ha sido "importante" en el caso de las cajas gallega y catalana, de modo que en el caso de Novagalicia, de 56.000 solicitudes que se presentaron al proceso de arbitraje, se han resuelto 14.100. En el caso de Catalunya Banc, de 30.000 solicitudes planteadas, se ha resuelto el 30% del total.

Con la creación de esta comisión se cumple el acuerdo alcanzado a finales de enero por el Ejecutivo y el PSOE para la creación de este órgano, que se encargará de realizar el seguimiento de los procedimientos de arbitraje en las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc).