Fitch dice que la diversificación de las empresas limita los riesgos de una "improbable" independencia

En un comunicado, Fitch ha argumentado que las empresas con sede en Cataluña o con activos significativos allí podrían enfrentarse a alteraciones, pero no ve "ninguna amenaza a las calificaciones a menos que haya un deterioro significativo de la situación política".

Asimismo, señala que su premisa es que se produzca "un movimiento prolongado hacia una mayor autonomía" para la región, aunque se podría complicar por el carácter conflictivo del voto sobre la independencia, pero añade que es poco probable que esto afecte significativamente los perfiles de crédito corporativo.

En el supuesto de que se produjera la independencia, Fitch afirma que el impacto sobre las empresas dependería de múltiples factores, como los acuerdos sobre divisas de Cataluña, el nivel de cooperación y comercio entre España y un Estado catalán y la continuidad de los regímenes reguladores en la región.

La agencia recuerda que Cataluña representa el 16% de la población de España y alrededor del 20% de su PIB, y añade que, si bien es improbable que las empresas españolas pierdan el acceso a estos clientes, "los ingresos podrían verse bajo presión" si la independencia condujera a la salida de Cataluña de la eurozona.

Afirma que la mayoría de las empresas españolas calificadas por Fitch (cita algunas como Telefónica, Iberdrola, OHL, Aldesa y Ferrovial), están bien diversificadas en todo el país, "limitando el impacto potencial de los menores ingresos de Cataluña", y también tienen presencia internacional, lo que también podría ayudar a amortiguarlos si la independencia de Cataluña tuviera un impacto económico negativo para el resto de España.

Indica expresamente que Gas Natural Fenosa y Cellnex también tienen operaciones internacionales significativas, pero podrían estar más expuestas, ya que están radicadas en Barcelona y pueden verse afectadas por una secesión.

Entre las empresas calificadas con activos en Cataluña se encuentran Repsol, que opera una refinería en Tarragona; Enagás, propietaria de redes de gasoductos y una planta de gas natural licuado; Red Eléctrica de España, propietaria de las redes de transmisión eléctrica, y Endesa, que controla redes de distribución de electricidad y plantas de generación.

Según Fitch, las empresas fuertemente reguladas, como las empresas de servicios públicos, podrían enfrentarse a algunos riesgos adicionales si la independencia conduce a un cambio en el enfoque de la regulación, por ejemplo, a través de una reducción en las tarifas que se les permitió cobrar a los clientes; sin embargo, la prioridad política de todas las partes sería, probablemente, asegurar el suministro continuo de servicios esenciales, concluye Fitch.