Facebook, Twitter y Google+ harán cambios para cumplir normas de protección al consumidor frente a estafas y abusos

Las empresas han accedido a hacer cambios para aclarar las condiciones de utilización de las plataformas de medios sociales y suprimir condiciones abusivas, lo que, entre otros, requerirá que no podrán privar a los consumidores de su derecho de acudir a los tribunales de su Estado miembro de residencia y tampoco podrán exigirles que renuncien a sus derechos, por ejemplo, a cancelar una compra en la red.

"No es aceptable que los consumidores de la UE solo puedan recurrir a un tribunal de California para resolver un litigio. Tampoco podemos aceptar que los usuarios se vean privados de su derecho a cancelar una compra en línea", ha subrayado la comisaria de Justicia, Vera Jourová.

Además, las empresas no podrán modificar "unilateralmente" las cláusulas y condiciones, sin informar claramente a los consumidores y sin darles la posibilidad de rescindir el contrato respetando un plazo de preaviso adecuado ni se podrán otorgar poderes "ilimitados y discrecionales" a los operadores de los medios de comunicación social para suprimir contenidos.

La rescisión de los contratos por parte de los operadores de medios de comunicación social, además, deberá regirse por normas claras y no se podrán decidir de forma "unilateral" y "sin motivo".

Asimismo, no podrán ocultar los contenidos patrocinados, que deberán identificar claramente como tal y no se podrá limitar o excluir totalmente la responsabilidad de las redes sociales respecto a la prestación del servicio en las condiciones de utilización.

"Las empresas de medios de comunicación social también deben asumir una mayor responsabilidad a la hora de hacer frente a las estafas y fraudes que se cometen en sus plataformas", ha justificado la comisaria de Justicia.

Las plataformas se han comprometido a eliminar de sus sitios webs, en cuanto tenga conocimiento, los fraudes y estafas que podrían perjudicar a consumidores, por ejemplo, estafas que afectan a pagos efectuados por los consumidores, trampas de suscripción, la comercialización de productos falsificados o promociones ficticias como la que ha proliferado en las redes sociales para ganar un teléfono inteligente "por un euro" cuando en realidad implicaba una suscripción "a largo plazo", con un coste de varios cientos de euros al año.

Las autoridades nacionales de protección de los consumidores deberán tener un canal de comunicación directo y normalizado para señalar tales irregularidades a los operadores de medios de comunicación social y garantizar que se suprime dicho contenido, así como obtener información relativa a los operadores responsables de las infracciones.

Las tres empresas se han comprometido a finalizar "medidas detalladas" para cumplir con las normas europeas de protección al consumidor en el plazo de un mes, que examinarán la Comisión Europea y las autoridades nacionales de los Veintiocho de protección al consumo para determinar si son "satisfactorias". En caso de que no lo sean, podrán recurrir "a medidas coercitivas" en última instancia, según ha avisado el Ejecutivo comunitario.

Las empresas avanzaron posibles "soluciones" para cumplir con la normativa europea en una reunión con las autoridades nacionales y el Ejecutivo comunitario el pasado 16 de marzo tras recibir en noviembre una carta de ellas para que abordasen los problemas a la luz del creciente número de denuncias de consumidores, víctimas de un fraude o estafa al utilizar sitios web de los medios de comunicación social o por las condiciones abusivas de utilización.

La comisaria avisado de que las empresas "tiene un mes para proponer soluciones" para cumplir con la normativa europea y ha insistido en que la creciente importancia de las redes sociales hay que "velar porque las estrictas normas de la UE" para proteger al consumidor frente a prácticas abusivas "también se cumplan en este sector".