La Eurocámara baraja el 8 de noviembre para la comparecencia de Guindos sobre la congelación de fondos

La fecha, no obstante, aún debe ser confirmada de forma oficial por las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Desarrollo Regional de la Eurocámara, según han señalado fuentes parlamentarias.

Se trataría de la segunda audiencia del "diálogo estructurado" que están desarrollando el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para discutir la suspensión de hasta el 50% de los fondos estructurales de ambos países por haber incumplido los objetivos de déficit en 2015. En el caso de España a hasta 1.300 millones de euros.

Bruselas está obligada a presentar una propuesta para congelar parte de los compromisos de pago de estos fondos tras constatar la "falta de acción efectiva" del Gobierno de Mariano Rajoy, pero antes debe consultar con la Eurocámara, aunque su opinión no es vinculante.

Sin embargo, Bruselas ha aclarado en varias ocasiones que no presentará su propuesta hasta que no haya finalizado el diálogo con el Parlamento Europeo. En cualquier caso, el Ejecutivo en funciones puede evitar la congelación de fondos mediante el informe de acción efectiva que estaba obligado a presentar a mediados de noviembre con medidas para corregir el desvío.

De hecho, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha explicado que el Ejecutivo comunitario podría proponer al mismo tiempo la congelación de los fondos y el levantamiento de esta sanción, si considera que España ha actuado adecuadamente.

Durante la primera audiencia del "diálogo estructurado", el vicepresidente de la Comisión Europea para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen, defendió que Bruselas está "legalmente obligada" a suspender parte de los fondos a España y Portugal, pero garantizó que tendrá en cuenta las circunstancias económicas y sociales de ambos países.

La mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara mostraron su rechazo a la congelación de fondos estructurales y de inversión, calificaron como "absurda" la suspensión de los mismos y pidieron a la Comisión Europea que reconsidere su posición.