El Congreso finiquita la tramitación de los PGE que entran en vigor tras las elecciones

La tramitación se ha visto afectada, además, por el informe de la Comisión Europea (CE) sobre el proyecto de ley, en el que duda de que España vaya a cumplir el objetivo de déficit tanto de 2015 (4,2%) como de 2016 (2,8%), y advierte de que el próximo Ejecutivo deberá modificar los Presupuestos. Varias formaciones de la oposición, entre ellas el PSOE, han pedido que el presidente explique en el Pleno del Congreso estas advertencias.

Durante los tres meses que las cuentas han sido debatidas apenas han sufrido las modificaciones derivadas de las 200 enmiendas del Grupo Popular, que no ha aceptado más que tres propuestas de modificación de la oposición, todas ellas a iniciativa de los nacionalistas catalanes en el Senado, rechazando tanto las enmiendas de totalidad de todos los grupos como las casi 7.600 parciales registradas entre ambas cámaras.

Con las enmiendas aceptadas se triplica el límite deducible por seguro de enfermedad a los autónomos con discapacidad en el IRPF, se modifica el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA) en el Impuesto sobre Sociedades y se permite a los ayuntamientos rebajar hasta un 20% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios más eficientes en términos energéticos. Los afectados por los terremotos del año 2011 sólo tendrán que pagar la mitad de este impuesto el año próximo.

También se prorroga a 2016 la reducción de los tipos impositivos previstos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero para el ejercicio 2015, se flexibiliza el periodo mínimo de sustitución de docentes en determinadas circunstancias, se destina un millón de euros al Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas y se elimina la discriminación positiva de los medicamentos genéricos en caso de igualdad de precios, tanto en la prescripción por principio activo como por denominación comercial.

Por otra parte, se otorga al proyecto San Sebastián 2016 unos 350.000 euros más de los presupuestado inicialmente, se reconoce como una especialidad de la provincia de Vizcaya el colectivo de neskatillas y empacadoras como personas trabajadoras por cuenta propia, se incluyen incentivos fiscales a los patrocinadores de la vuelta al mundo a vela en Alicante y se facilita la contratación indefinida en sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales.

El Gobierno acepta, por otra parte, que las empresas públicas que hayan registrado beneficios en dos de los últimos tres ejercicios puedan realizar contratos indefinidos con el límite del 100% de su tasa de reposición de vacantes; y también estipula que lo recaudado con las multas del caso 'Malaya' revierta al Ayuntamiento de Marbella.

LAS CUENTAS DE LA ESTABILIDAD

La decisión del Gobierno de presentar las cuentas de forma adelantada para dejarlas aprobadas antes de la convocatoria de elecciones ha sido muy criticada por la oposición, que considera que la intención del PP era dejar "atadas y bien atadas" las cosas en previsión de un cambio de mayorías parlamentarias.

Sin embargo, el Ejecutivo ha defendido por activa y por pasiva que su única intención era dar estabilidad, sobre todo de cara a los mercados internacionales, para no perjudicar a la incipiente recuperación que, según pronostica, continuará fortaleciéndose en la próxima legislatura.

Este adelanto de la tramitación ha obligado al Ministerio de Hacienda a utilizar proyecciones macroeconómicas muy alejadas en el tiempo en el que se ejecutará el Presupuesto, aunque el ministro Cristóbal Montoro siempre ha repetido que, como en años anteriores, se ha sido muy cauto y conservador para asegurarse de que cualquier sorpresa sea por exceso de celo y no se produzcan desviaciones.

Así, se ha fijado un límite de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, un 4,4% inferior al actual, a partir de una previsión de ingresos tributarios de 193.520 millones (+4%), que se queda en 134.773 millones tras la cesión a las administraciones territoriales (+0,8%).

Además, se contempla un objetivo de déficit para el Estado de 25.134 millones (2,2% del PIB), una financiación de las administraciones territoriales a través del presupuesto de gastos de 33.797 millones y unos ajustes de contabilidad nacional de 2.716 millones.

Si se engloban los gastos en las grandes políticas del Gobierno, el 53% del total de presupuesto del año que viene irá a gasto social, con 188.130 millones de euros, un 0,4% más. Al descontar el gasto en desempleo, el gasto social sube un 3,8% y se queda en 168.309 millones.

De su lado, el 34% se destinará a actuaciones de carácter general, con 118.640 millones, un 4,5% más que hace un año, mientras que las actuaciones de carácter económico supondrán el 8% del gasto total, con 28.373 millones y un descenso del 6,6%.

SUBIDA SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS

Además, la política de gasto de servicios públicos básicos contará con 16.716 millones de euros, el 5% del total y un 1,4% más que en el Presupuesto de 2015, cuando se destinaron 16.485 millones.

Los gastos de personal subirán un 4,9% y sumarán 16.839 millones, lo que incluye la subida salarial del 1% que ha incluido el Gobierno en las cuentas y la recuperación de parte de la paga extra suprimida en 2012.

Otra de las principales novedades es un nuevo programa de formación para parados de entre 29 y 55 años, así como una partida de 3 millones de euros para campañas de concienciación y prevención de embarazos no deseados y de apoyo a la maternidad y a la natalidad.