El Congreso enviará al Senado el próximo jueves la nueva Ley de Contratos del Sector Público

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso tiene previsto aprobar el próximo jueves la nueva ley de Contratos del Sector Público y la remitirá la reforma directamente al Senado, donde continuará su tramitación.

El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y el Pleno del Congreso lo tomó en consideración en febrero. Las enmiendas de los grupos se registraron en marzo y desde entonces se han celebrado varias reuniones de ponencia, dada la complejidad y extensión de la norma. La última está prevista para próximo miércoles, un día antes de que sea aprobada en comisión.

A pesar de que ningún grupo se identifica plenamente con el texto, en general están satisfechos porque se han incorporado aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas, que en mayor o menor medida valoran el trabajo realizado durante este período para lograr acuerdos, según han explicado los grupos a Europa Press.

Así, pese a sus recelos iniciales, la oposición destaca que la ley contribuirá a que la contratación pública sea más transparente, esté más controlada, sea más accesible para pymes, se aumente la protección de los trabajadores de las adjudicatarias y se profundice en las cláusulas sociales.

¿CALIDAD ANTES QUE PRECIO?

Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandata la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.

También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primer determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.

Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.

Por otro lado, también se prohíben las indemnizaciones por expectativa de mercado no cumplidas, cláusulas que dificultan un traslado de la responsabilidad patrimonial a la administración pública como la que han supuesto casos como los proyectos Castor o las autopistas radiales.

UN SUPERVISOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia --en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía-- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.

Asimismo, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

LICITACIONES MÁS ABIERTAS

Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas.

Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos --en caso de que no sea posible la administración deberá justificarlo--, flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

MAYOR PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se 'descolgaban' en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas.

A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.

A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.

"MUY DIFÍCIL VOTAR EN CONTRA"

A pesar de las discrepancias sobre cómo organizar y dirigir la contratación pública, todos los grupos representados en la ponencia han destacado la voluntad y el esfuerzo del PP y del Gobierno de lograr acuerdos, conscientes de la imposibilidad de sacar adelante la nueva ley en minoría y sin propuestas de toda la oposición.

"No es la ley que probablemente nos gustaría a nadie, pero tiene aportaciones de todos", aseveran, en idénticas palabras, desde formaciones de espectros ideológicos tan alejados como Ciudadanos o Esquerra Republicana. De hecho, los independentistas, a pesar de sus diferencias con el Gobierno, reconocen que tendrán "muy difícil votar en contra".

Aunque la unanimidad pretendida por el PP para aprobar la norma se antoja complicada, los grupos no tienen duda de que saldrá adelante aunque restan por cerrarse varias cuestiones en la ponencia del próximo miércoles y las enmiendas quedan 'vivas' en la comisión. Desde la oposición no descartan incluso que puedan cerrarse acuerdos al margen del PP para entonces.

En todo caso, aspectos en los que ha costado más llegar a acuerdos y que por tanto se dejaron al final, como los referidos a la morosidad o a la contratación de servicios sociales, se han ido resolviendo de una manera satisfactoria, conscientes los grupos de la complejidad y de las disparidad de situaciones propias de la administración pública.

Así, faltan por articular medidas propuestas contra la morosidad --en el Congreso ya se tramita una proposición de ley sobre este tema-- como la de poder realizar pagos directos a subcontratistas, que ya recoge la propia directiva, pero sobre la que falta definir mecanismos concretos.

Respecto a la realización de servicios sociales, ámbito donde tienen especial relevancia las asociaciones y oenegés, los grupos se han decantado por plasmar la propia directiva, tras el recelo que supuso la propuesta del PP de incluir en ese apartado entidades con ánimo de lucro y la mención de servicios educativos y sanitarios.