El Congreso reclama al Gobierno los datos de cada solicitud de devolución de cláusula suelo denegada

La iniciativa, que se deriva de sendas iniciativas de estos grupos para profundizar la normativa referida a segunda oportunidad, ha sido respaldada por PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, PNV, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, Compromís y Bildu han optado por abstenerse.

En la iniciativa se insta al Gobierno a remitir a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso el número de solicitudes presentadas y el importe correspondiente de las solicitudes, tanto las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.

Asimismo, también pide conocer el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que los bancos hayan ofrecido a los consumidores, tanto las que han terminado con acuerdo como las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo.

REFORMA DE LA LEY CONCURSAL PARA REFORZAR LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Por otro lado, la iniciativa también llama al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal, con el fin de "reforzar el mecanismo de segunda oportunidad para todas las familias y deudores personas naturales en situación de insolvencia".

En esta reforma, el Congreso pide que se permita que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, "con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos".

Por otro lado, también piden equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores, y revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho.

Asimismo, el Congreso reclama eliminar el período de cinco años durante el cual las deudas exoneradas puedan volver a ser reclamadas por los acreedores, "con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe".

Asimismo, pide flexibilizar "con las salvaguardas adecuadas" los requisitos para que los deudores "más vulnerables" puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años, con un alquiler que no superaría el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor.

MÁS FACILIDADES PARA QUITAS DE DEUDA

La iniciativa aprobada también pide que cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre vivienda habitual del deudor, la tasación del bien no sea inferior a la tasación en el momento de la concesión del préstamo y establecer como máximo un plazo de tres años para controlar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios.

Además, también aboga por declarar inembargables las ayudas, prestaciones y subvenciones, como la prestación de desempleo y facultar al juez para acordar de oficio la exoneración de pasivo insatisfecho de persona natural, sin que esta la solicite y pueda valorarse la actitud y grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable del acreedor.

Por último, también pide que cuando el deudor tenga, al menos, un menor de edad o persona en situación de dependencia a su cargo, y no cuente con bienes ni ingresos que permitan satisfacer una deuda, se declare la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho, una vez haya destinado para saldar su deuda al menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante un plazo determinado.