Bruselas y BCE piden "vigilar de cerca" la compra del Popular por Santander

"La implementación efectiva de la transferencia de Banco Popular a Banco Santander necesita ser vigilada de cerca por las autoridades supervisoras", señalan ambas instituciones tras su séptima visita de control a España tras el rescate del sector bancario.

Así, los expertos de Bruselas y el BCE advierten de la importancia de "seguir de cerca" cualquier riesgo derivado de los potenciales costes por litigios que pudieran surgir a raíz de la resolución de Banco Popular, que acarreó la pérdida de toda su inversión para accionistas y acreedores júnior.

Además de en la resolución del Popular, el informe "post rescate" hace hincapié en el impacto de la baja rentabilidad en los resultados de la banca española, que junto a las nuevas exigencias regulatorias, obliga a las entidades a adaptar su negocio, penalizado por el lastre de los préstamos no productivos.

En este sentido, la Comisión y el BCE advierten de que la búsqueda de mayor rentabilidad y la competencia por nuevos negocios puede resultar en una incorrecta evaluación del riesgo en algunas carteras, recordando algunas prácticas en la concesión de préstamos anteriores a la crisis.

Por otro lado, las recientes decisiones de los tribunales han añadido presión sobre la rentabilidad del sector, incluyendo el impacto de la sentencia sobre cláusulas suelo, para el que las entidades han realizado ya provisiones, pero que "debe vigilarse de cerca".

LENTA PRIVATIZACIÓN DE LOS BANCOS NACIONALIZADOS.

Asimismo, el informe de control de la Comisión Europea y el BCE señala la "lentitud" con la que están procediendo los procesos de reprivatización de las entidades rescatadas durante la crisis.

A este respecto, señalan que esperan progresos de las autoridades españolas a la hora de desinvertir en Bankia y BMN, añadiendo que Bruselas sigue vigilando la implementación de los planes de reestrcuturación de las dos entidades.

Por otra parte, los 'hombres de negro' advierten de que la reciente decisión aprobada por el Gobierno que demora la puesta en marcha de la reforma de las cajas de ahorro "reduce los incentivos para que las fundaciones bancarias vendan sus participaciones de control en las antiguas cajas".