El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda entre dudas de su eficacia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles. España está entre los países con una edad de emancipación más tardía, cerca de 30 años, frente a los 23 y medio de los franceses.

Entre las medidas se incluyen ayudas directas a jóvenes de hasta 300 euros al mes para alquilar, de 30.000 para alquiler con opción a compra, y subvenciones de más de 15.000 por adquirir la primera vivienda en municipios con riesgo de despoblación

Según ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se trata de un paso importante para dar solución al problema de la vivienda de hoy y para siempre y recalca que "no valen parches", ni hay una "varita mágica" y que la ciudadanía está demandando un acuerdo de país en torno a la vivienda. Además, ha subrayado que es el plan con mayor diálogo y colaboración (más de 28 encuentros, 400 aportaciones del sector recibidas y es la primera vez que lo estudia el Consejo de Estado).

Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda. Tras las reuniones de la próxima semana, está previsto que durante el segundo semestre del año comenzarán a desplegarse los efectos del plan en todas las CCAA.

Las novedades del plan

Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella; una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control o datos públicos al servicio del interés general para dar transparencia al mercado y acabar con los "bulos" y los intereses privados.

Además se crea un grupo de trabajo para hacer seguimiento de plan. Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.

Las ayudas a jóvenes y vulnerables

-Ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler y ayuda para la compra de una vivienda rural de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años.

-Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, con un máximo de 1.000 euros/mes.

-Ayuda general al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.

Ayudas a la construcción

-Ayudas a la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros/mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.

-Ayudas para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40 % de vivienda protegida con hasta 8.000 euros por vivienda.

-Ayuda adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización. Podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada.

-Una ayuda adicional de 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en una zona de mercado tensionado.

-Ayudas a las CCAA para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70 % del coste de la adquisición. Puede ascender al 85 % si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros/mes.

-Cesión de viviendas a administraciones para alquiler asequible. Se ofrece una ayuda de 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a particulares que la cedan a la comunidad, que la pondrá a un máximo de 600 euros/mes hasta que se acabe el contrato. Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.

Ayudas a la rehabilitación

En este capítulo se recogen ayudas estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda; ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros; ayudas de rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda o una ayuda extra de 30.000 cuando la vivienda a rehabilitar esté en un caso histórico o cuente con especial protección.

También ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de 2 años con hasta 30.000 euros si se ponen en alquiler asequible 5 años (en medio rural será de 35.000 euros).

Sector inmobiliario y partidos políticos minimizan el impacto del Plan Estatal de Vivienda

Distintos operadores del sector inmobiliario y partidos políticos han coincidido este martes en que el impacto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrá una incidencia muy limitada en el mercado y en la reducción de los precios. El propio socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, ha calificado el plan de "muy insuficiente", tanto por el presupuesto como porque no incluye medidas regulatorias ni fiscales.

Su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que los 7.000 millones de euros con que está dotado el plan es un 30 % menos que en el periodo 2009-2012, aunque ha aplaudido dos medidas, a su juicio "fundamentales": que la vivienda protegida no se pueda vender y la claúsula para evitar que se repitan presuntos fraudes en las adjudicaciones, como el que se investiga en Alicante.

También en rueda de prensa, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el dinero que van a destinar las administraciones públicas en su conjunto, es decir, el Estado más las comunidades autónomas, a la vivienda hasta 2030, "es el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio".

En nombre del PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha enmarcado que el nuevo Plan de Vivienda en lo que los 'populares' creen que caracteriza la política de vivienda del Ejecutivo, que es que "hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero", ha dicho en una entrevista en Radio Nacional.

Los grandes tenedores creen que va en la buena dirección

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) ha valorado que el plan supone "un paso en la buena dirección", pero ha señalado que "su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo".

En un comunicado, los grandes tenedores reivindican que "en muchas ocasiones" están "asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado", por lo que sostienen que "cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades".

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha destacado que la falta de un pacto de Estado por la vivienda "lastra la eficacia" del nuevo plan y que la "falta de una dotación económica sólida, debido a la falta de Presupuestos Generales, condiciona la ejecución real y realista de las medidas".

No focaliza en mercados tensionados

El presidente de FAI, José María Alfaro, señala en un comunicado que el plan "nace con importantes limitaciones que comprometen su impacto sobre el mercado residencial", entre ellas que "no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en los mercados tensionados", como las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

Entretanto, la Red de Clústeres de la Construcción de España ha valorado el apoyo del nuevo Plan de Vivienda a la industrialización, aunque ha advertido de que "las mejoras se quedarán cortas si no se reducen los plazos administrativos y la fiscalidad".

Para la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, el presupuesto del plan es "ridículo" y, en la práctica, "no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda". Desde esta organización inciden en que este plan, junto con la creación de Casa 47, configuran un modelo basado en la "vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada", que "no saca la vivienda del ciclo especulativo".

Entidades piden que se priorice a familias con hijos

Entidades vinculadas con la infancia, como Unicef y Save the Children, piden que las familias con hijos sean un colectivo prioritario en el nuevo Plan Estatal de Vivienda e inciden en que el acceso a la vivienda es un factor determinante en la pobreza infantil en España, con una de las tasas más elevadas de la UE.

Consideran que el plan aprobado este martes por el Gobierno no pone el suficiente foco en las familias con menores a cargo como colectivo prioritario en el acceso a ayudas al alquiler, vivienda protegida y programas de rehabilitación. "La inestabilidad residencial, el sobreesfuerzo económico de sus familias y el hacinamiento tienen un impacto directo en su bienestar, su educación y su salud", explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children.

Lucía Losoviz, de Unicef España, recuerda que el elevado coste de la vivienda es uno de los principales factores de la alta tasa de pobreza infantil en España, donde el 28,4 % de los niños y niñas están en situación de pobreza monetaria. "Si se tiene en cuenta el gasto que realizan las familias en materia de vivienda, esa tasa alcanzaría casi el 40 %", incide.

Alianza por una vivienda inclusiva

Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Plena Inclusión y Provivienda han lanzado la Alianza por la Vivienda Inclusiva para garantizar que las políticas de vivienda no dejen a nadie atrás. Las organizaciones se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda y de las comunidades autónomas para contribuir a que el próximo Plan Estatal de Vivienda sea una herramienta efectiva de inclusión social.

"La discriminación por origen étnico o racial es una realidad que afecta a muchas personas gitanas o migrantes cuando quieren alquilar una casa; es una barrera estructural en el acceso a una vivienda. Por eso es necesario establecer mecanismos de respuesta ante estas situaciones que garanticen la igualdad en el acceso a una vivienda (...)", señala Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano.