El Gobierno catalán aprueba una nueva Ley de Educación gracias al apoyo de CIU

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) ha sido aprobada en el pleno del Parlament con una amplia mayoría, al ser apoyada con los votos de CiU, PSC y ERC, aunque los tres grupos menores de la cámara (PPC, ICV-EUiA y Mixto) la han rechazado total o parcialmente por motivos distintos.

El conseller de Educación, Ernest Maragall, que ha dicho que salía a la tribuna a defender el contenido de la LEC "con emoción y responsabilidad", ha asegurado que se trata de una ley "de país" que "le da sentido al Estatut y es su prolongación natural".

Según la diputada de CiU Irene Rigau, la educación "necesita de actitudes responsables y constructivas", y ha hecho hincapié en que por primera vez una ley educativa "es apoyada por el principal grupo de la oposición", lo que espera que "sirva de precedente". Sin embargo, la norma no ha recibido el apoyo de ICV-EUiA, uno de los grupos que sustentan al actual gobierno catalán.

Más catalán, menos castellano

La nueva Ley de Educación tiene como finalidad regular el sistema educativo de Cataluña para lo cual establece los principios rectores, y desarrolla las competencias exclusivas y compartidas que en materia de enseñanza otorga el Estatut a la Generalitat.

Entre los aspectos más destacados, figura el que define el catalán como lengua vehicular, y "blinda" la inmersión lingüística, además de dejar sin efecto el decreto estatal que preveía la "tercera hora" de castellano.

Autonomía educativa

La Ley de Educación de Cataluña dibuja además un nuevo modelo de escuela catalana que da más autonomía a los centros educativos y amplía los conciertos con el sector privado, además de fijar como objetivo dedicar a la educación el 6 por ciento del PIB en ocho años.

En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direcciones y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales.

Además crea un cuerpo propio de docentes de la Generalitat de maestros y profesores, a los que se pedirá que además de dominar el catalán y el castellano acrediten un nivel de lenguas extranjeras determinado para poder ejercer en la pública.