En Comú quiere que las compañías paguen la implantación del precio social de la luz y el gas

Esta es una de las medidas propuestas por la formación catalana del grupo de Unidos Podemos en una proposición no de ley registrada en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, un 17% de los españoles sufre pobreza energética, y la confluencia catalana reclama que el Gobierno tome medidas ante esta situación, máxime cuando dos millones de familias sufrieron cortes en su suministro en 2015 por no hacer frente a sus recibos.

La electricidad que pagan los españoles es, según datos de Eurostat recogidos por En Comú, la cuarta más cara de toda Europa. En este sentido, denuncian que las tres grandes compañías eléctricas --Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa-- han acumulado durante la crisis unas ganancias de 56.624 millones. Más de veinte millones diarios entre el 1 de enero de 2008 y el tercer trimestre de 2015 (último dato conocido), calculan.

TARIFAS PROGRESIVAS Y AUDITORÍA.

Otra de las medidas propuestas es el establecimiento de tarifas progresivas e incluir así la renta como principal criterio a la hora de establecer el precio social. Con ello también se conseguiría, razonan en En Comú, incentivar el ahorro y castigar el "consumo ineficiente". También impulsar una auditoría sobre el sector eléctrico llevada a cabo por "actores independientes y con acceso a todos los datos" que cuantifique "los costes reales" del sector, y otra específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

Asimismo, piden también establecer garantías para que todos los hogares puedan mantener "unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo" y prohibir, aplicando el principio de precaución, los cortes de suministro hasta que no existen informes previos emitidos por servicios sociales que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica.

En la iniciativa, En Comú también llama a aplicar un IVA del 4% para el agua, el gas, la electricidad y el transporte público, que las empresas publiquen trimestralmente el número de usuarios que no pueden hacer frente a las facturas y el apoyo a toda iniciativa que impulsen las CCAA y los ayuntamientos en este sentido. Recientemente, el Gobierno en funciones del PP recurrió al Tribunal Constitucional la Ley catalana de emergencia social que incluía medidas sobre pobreza energética. Varios artículos de la ley se encuentran actualmente suspendidos.

MOCIÓN APROBADA EN LA COMISIÓN DE ENERGÍA.

Precisamente este miércoles la Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a impedir los cortes del suministro energético para personas "vulnerables" y a crear fondos con capital público y privado para afrontar la pobreza energética.

En esta última también se incluyó, como pide Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la prohibición de contar con la valoración de los servicios sociales antes de interrumpir el suministro, aunque el resto de enmiendas presentadas por la formación morada, como la citada auditoría o analizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no fueron incluidas. Finalmente, Unidos Podemos se abstuvo en la votación.