El 23 de febrero de 1983, Miguel Boyer, el ministro de Hacienda, anunciaba la expropiación de Rumasa. El holding contaba con más de 70.000 trabajadores, casi 700 empresas y una facturación anual de 2.000 millones de euros.
Todo esto ocurrió cuando el primer gobierno socialista de Felipe González toma la medida económica de la expropiación del holding, y desde aquí Ruiz Mateos inició una guerra permanente contra todos los poderes de este país, incluso contra sus antiguos hermanos en la fe.
Javier Sáinz Moreno, abogado y amigo de Ruiz-Mateos habla sobre esto: “Cuando me enteré de la expropiación me pareció muy mal lo que se había hecho porque si se quiere expropiar algo hay una ley de expropiación forzosa para eso y se tendría que haber se tenía que haber hecho por Decreto en la aplicación de la ley de expropiación forzosa”. Y añade: “Contra un decreto se puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, al hacerse por decreto ley no cabe más que acudir al Supremo, con lo cual le dejaron indefenso”.
Marcos García Montes, Exabogado de Ruiz-Mateos, relata lo ocurrido: “A las 00 de la noche del día 23 de febrero del 83 aparece en la sede de Rumasa la policía el gobierno socialista, sin mandamiento judicial, sin nada y se quedan con la sede. A las 5 de la mañana sale el decreto y tienen que revisarlo porque se habían confundido en los listados de las empresas, de entrada”.