Este miércoles el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Gobierno ineterpuso, a través de la Abogacía del Estado, el pasado 30 de marzo contra la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre.
Así, el Alto Tribunal ha comunicado mediante providencia que tramitará la impugnación de los servicios jurídicos del Estado contra los artículos 12 y 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, el segundo de ellos referido a la ley de cajas que debe regir el proceso electoral en Caja Madrid.
Según el artículo 161.2 de la Constitución Española, la impugnación de una norma autonómica por parte del Gobierno supone la suspensión automática de ésta, en lo que se refiere a los artículos recurridos, que el Constitucional deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.
Según el recurso interpuesto por el Ejecutivo, la ley autonómica impugnada altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante, subvirtiendo el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los Consejeros Generales de Caja Madrid.