La sentencia del Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y parte de su equipo de entonces puede que llegue tarde para los afectados por los fondos buitre. Así lo confiesan Beatriz, Arancha y Javier. "De momento no nos soluciona nada porque seguimos igual", expresan. Cuentan que con a venta al fondo buitre de su vivienda les llegaron a subir el alquiler más de un 40 por ciento y, como consecuencia del impago, ahora se enfrentarán a un desahucio.

El nuevo propietario de sus casas es un fondo de los que llegaron a España con la crisis, comprando a bajo precio, en algunos casos con la ayuda de ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Y se han extendido rapidísimo.

El problema es que la venta de Viviendas de Protección Oficial a fondos buitre es de momento legal. Dependen de la comundidad autónoma, aunque el Gobierno de Sánchez ha anunciado su intención de prohibirlo en toda España.

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