Entre las conclusiones del estudio, el director del área de Comunicación de Cáritas, Paco Cristóbal, ha destacado que un 30% de los trabajadores de estos tres sectores cobran menos salario de lo que les correspondería legalmente. Además, el 24% realiza horas extra no remuneradas y el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en "negro".

Cristóbal ha indicado que en estos tres sectores han detectado situaciones de "explotación y vulneración de derechos" que se han "arraigado" y a las que la población española se ha "acostumbrado". Cáritas considera preocupantes las vulneraciones penales, en concreto, se desprende del informe que un 10% de los encuestados han sufrido amenazas, situaciones de violencia física y retención de su documentación.

Asimismo, el 22,5% de los trabajadores consultados han sufrido vulneraciones graves de tipo penal en el sector agrícola. Cáritas alerta de que detrás de este porcentaje "hay posibles situaciones de trata con fines de explotación sexual".

En cuanto a la situación administrativa de los empleados, la agricultura es donde hay más trabajadores extranjeros en situación irregular, un 25,8%, frente al casi 3% de los empleados del hogar y un 1% de la hostelería. La experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española, Hilde Deams, ha precisado que tener un permiso de trabajo "no excluye" de sufrir vulneraciones de los derechos laborales.

Vulneración de derechos

El estudio revela que el 25% de los entrevistados es consciente de que se están vulnerando sus derechos, pero solo un 5% se atreve a denunciarlo. El resto no lo hacen por miedo a perder el empleo o porque creen que no merece la pena, según ha puesto de manifiesto Daems.

Por ello, Cáritas urge que España ratifique el Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos del año 2011 y a incluir a estos empleados del hogar en el Régimen general de la Seguridad Social, promoviendo la plena equiparación de derechos con el resto de trabajadores.

Con relación a los tres sectores, Cáritas avisa de que la actual Ley de Extranjería impide el ingreso al mercado laboral de los extranjeros en situación irregular, lo que "les aboca al empleo sumergido, con todo tipo de abusos y vulneraciones". Por ello, plantea la necesidad de "flexibilizar el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo desvinculando dicho permiso con el territorio o la actividad" y considera que sería positivo "replantearse el acceso a autorizaciones de residencia de personas que ya están en España pero en situación irregular"