Los vecinos del barrio ilicitano de San Antón llevan meses denunciado el fuerte aumento de okupaciones que están sufriendo. Lo achacan al gran número de vivienda vacías y a la dificultad para desokuparlas.
El caso de esta mujer es un ejemplo más. Según informa el diario Informaciones. Los okupas se instalaron en una casa contigua a la de esta mujer pero al comprobar su vulnerabilidad le obligaron a vivir con una tercera persona que se hizo con el control de la vivienda.
El estrés provocado por esta situación llevó a la víctima a tener que ser ingresada en un centro hospitalario de la zona y a buscar ayuda en Cáritas debido a la pérdida de un techo dónde cobijarse.
En su denuncia, la Fiscalía acusa también a estas personas de haberse quedado con la libreta bancaria de la víctima y sacar dinero con la misma aprovechando que también conocían su PIN, algó que le ha impedido hacer frente a sus gastos de hipoteca y servicios.
Nueva ley exprés
En su escrito, el ministerio público pide que se restituya a la mujer sus bienes, algo que será rápido gracias a nueva ley de desahucio exprés en vigor desde el pasado mes de julio.
Según la propuesta podrán pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".
Sentencia en menos de 20 días
En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante.
En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, reza la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda".
Asimismo, también se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Comunicación a los servicios sociales
La ley contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados".
La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".
Sin embargo, la proposición de ley no garantiza la alternativa habitacional para los desahucios de estas ocupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Establece, eso sí, la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.
Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".