Así, y tal y como informa Diario de Sevilla, el Ayuntamiento de Espartinas ha sido condenado a cumplir el reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía que data del 2012.
Todo ello tras la denuncia de los vecinos y negativa de la Concejalía de Medio Ambiente de aplicar el reglamento de Protección contra la contaminación acústica. Esta postura se basaba en que no existía una ordenanza de ruidos, por lo que se aplicaría la de animales.
El caso, que data de 2004, ha sido resuelto a favor de los vecinos porque la Policía Local comprobó en el citado año que existían “constantes ladridos y aullidos de varios perros”. Esto provocaba un ruido que no paró en ningún momento durante el tiempo que duró la inspección.
Es más, el informe pericial acústico, elaborado por un ingeniero industrial, certificó que en la vivienda en la que residían los denunciantes se llegaron a superar los niveles máximos de ruidos permitidos en entre siete y 33 decibelios. Es decir, superaba en más de seis decibelios el máximo permitido, algo que “se considera que se pone en peligro grave la seguridad o la salud de las personas”.
Además, en el expediente administrativo aparecían declaraciones de varios vecinos que denunciaban haber sufrido molestias por esos ladridos y aullidos. Eso sí, también había testimonios que aseguraban lo contrario, que no causaban molestias, aunque el juez concluyó que las pruebas aportadas eran lo suficientemente importantes como para calificarlos como contaminación acústica.