En la misma sala del Tribunal Supremo en la que el rey cada año inaugura la apertura del curso judicial, se sentarán los 12 políticos catalanes en prisión, con el exvicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza. No estarán ni Carles Puigdemont, ni los cuatro consjeros que huyeron antes de que se iniciara el proceso judicial y que están declarados en rebeldía.
Todo comenzó el 30 de marzo de 2015 es el punto de partida del juicio del proces. Ese día se produjo la firma del acuerdo por la independencia entre convergencia, ERC y las entidades soberanistas. Se pone fecha al referéndum y toda la maquinaria en marcha.
Los 12 acusados se enfrentan a cinco delitos, el más grave el de rebelión, por el asedio a la consejería de Economía en septimreb de 2017. Mientras la Guardia Civil hacía un registro, se produjo una concentración a las puertas por la que la comitiva judicial tuvo que salir escoltada. Aquí se produjeron los altercados más relevantes, los que pueden marcar el delito más grave, el de rebelión por la violencia.
Los acusados niegan el delito de malversación y como argumento las palabras del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: “Puedo garantizar que la Generalitat de Cataluña no está usando un euro de su presupuesto en la convocatoria del referéndum”.
Los 12 no niegan, en cambio, el alzamiento público que comenzó en el Parlament con las leyes del Referéndum y de Transitoriedad jurídica, caso omiso a la requisitoria del Constitucional.
La arenga continuó. No se permitió que atracara un buque con centenares de agentes desplegados en Cataluña, mientras se siguen imprimiendo papeletas con el soporte de distintas consejerías de la Generalitat.
Ni siquiera la reunión de coordinación disuadió a la dirección de los Mossos de no impedir el referéndum, que contó con observadores extranjeros. Se celebró el 1 de octubre de 2017.