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El Gobierno ha recurrido el acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20.00 horas con el objetivo de doblegar la tercera ola del Covid-19. Todo ello a pesar de que el sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostrase dispuesto a flexibilizar el horario de la medida.
El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprobó el viernes 15 de enero el acuerdo por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, desde las 20 horas. Dicho acuerdo fue publicado en una edición extraordinaria del Boletín de Castilla y León el sábado 16 de enero y entró en vigor el mismo día.
El Gobierno considera que la regulación contenida en el acuerdo vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23.00 horas y las 6.00 horas, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial "que la hora de comienzo de la limitación prevista sea entre las 22.00 horas y las 00.00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5.00 y las 7.00 horas".
Al fijar Castilla y León como hora de comienzo de la limitación las 20.00 horas, el Gobierno asegura que el acuerdo "infringe nítidamente" la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de "modulación" que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación "comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no, como es el caso, de intensificarlas o agravarlas".
Para el Ejecutivo, se trata, en consecuencia, de "una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2000".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abrió este sábado la puerta a la posibilidad de adelantar el toque de queda fijado actualmente, en el decreto del estado de alarma con restricciones de movilidad nocturna, aunque descartó el confinamiento domiciliario."Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo".
En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona, indicó que el Ejecutivo central "nunca se ha negado a escuchar y a valorar esta posibilidad", pero que es necesario hacerlo con las máximas garantías jurídicas para no limitar derechos humanos, en sus palabras.
"El Gobierno de España siempre va a estar a favor de cualquier medida que sea eficaz para doblegar la tercera ola. Ahora bien, todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal", explicó.
Illa aseguró que está en constante contacto con los gobiernos autonómicos: "Vamos a ejercer este liderazgo compartido, estoy en diálogo con las comunidades autónomas, las vamos a seguir escuchando".
Por su parte, en un comunicado compartido en twitter por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la Junta de Castilla y León ha lamentado que el Gobierno "trate de obstaculizar", con su recurso del acuerdo adoptado para adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda, una acción autonómica que "tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas, y reducir lo más posible el daño a la economía". Por ello, insiste en mantener el toque de queda que han fijado y piden garantías jurídicas.