El dispositivo se desarrolló el 17 de enero de 2018, cuando desde la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Huelva se requirió a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para que se dirigieran a la carretera HU-3101. En esta calzada una patrulla de agentes del subsector de tráfico de Huelva había interceptado un vehículo, el cual transportaba metidos en compartimentos habilitados, un número indeterminado de gallos de pelea.
Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que se trataba de ocho gallos de pelea. Fue entonces cuando el conductor manifestó que los animales no eran suyos y que su propietario se los había dejado para pelarlos en una pedanía cercana, ha informado la Guardia Civil en una nota.
Los animales presentaban mutilaciones en las diferentes partes que conforman la cresta (orejilla y babilla), por lo que se solicitó a esta persona que avisara al propietario para que aclarara la situación, llegando al lugar minutos más tarde. En este momento, se le solicitó el libro de registro de explotación avícola de ocio para amparar la tenencia de los animales, así como la correspondiente guía de traslado de los mismos, no estando en posesión de ningún tipo de documentación. Respecto a las amputaciones que sufrían los animales, esta persona tampoco pudo acreditar que las hubiera realizado un veterinario de manera legal.
Algunos de los animales, en concreto cuatro de los ocho, presentaban debajo de las alas numeraciones de marcaje hechas por parte de sus propietarios con tinta china. Una vez realizado el examen a las aves, los agentes de seguridad han anunciado que se efectuarán gestiones con la Federación Andaluza del Gallo Combatiente para que facilite información sobre los propietarios por si alguno de los animales hubiera sido sustraído.
Los gallos, una vez consultado al técnico responsable del Departamento de Sanidad Animal de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva, fueron entregados de forma cautelar y a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, a un criador autorizado de la provincia con número de explotación avícola de ocio.