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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado hoy que el Gobierno tomará decisión de exhumar a Franco antes del 25 de octubre. El Ejecutivo ha adoptado este acuerdo, que ha llevado en mano el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para que desde hoy y hasta esa fecha se adopten todas las medidas técnicas necesarias para llevarla a cabo. Desde este sábado y hasta el 22 de octubre el Valle de los Caídos permanecerá cerrado al público para que se puedan organizar los preparativos pertinentes.
Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que ayer el Tribunal Supremo levantara el último obstáculo para poder proceder a la apertura de la tumba en el Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio.
El Tribunal Supremo respondió ayer a la petición de autorización por parte de la Abogacía del Estado para que el Gobierno pueda acceder "ya" a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Francisco Franco pese a la negativa del prior de la Abadía a autorizar dicha entrada.
Calvo, sobre el cierre al público desde este sábado y hasta el 22 de octubre, ha explicado que el Gobierno necesita "días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con condiciones de seguridad, con las decisiones técnicas para llevar a cabo esta operación" que concluirá con la reinhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo.
El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha defendido que la Abadía ha actuado "siempre dentro de la legalidad", en cuanto a la exhumación de los restos de Francisco Franco, que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo dentro de las próximas dos semanas.
Según afirman fuentes directas de la Abadía del Valle de los Caídos, el prior defiende que "siempre" han actuado "dentro de la legalidad" con respecto a la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.
Así lo indican después de que este jueves 10 de octubre, el Tribunal Supremo respondiera a la petición de autorización por parte de la Abogacía del Estado para que el Gobierno pueda acceder "ya" a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos del dictador.
Si bien, un día antes, el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, contestó al Gobierno en funciones que no autorizará la entrada a la Abadía para proceder a la exhumación.
"Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", aseguró.
Así lo indicó Cantera en una carta enviada como respuesta a otra misiva que le envió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación.
En la carta, el prior del Valle de los Caídos explicaba que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados", en concreto, el derecho a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto.
Además, señalaba que los monjes alegaban en su mayor parte vulneraciones de derechos fundamentales "cuya última palabra no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
Ante la respuesta del prior, fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press afirmaron que no ven que tenga "mucha lógica" la postura de Santiago Cantera, de no autorizar la entrada a la basílica para exhumar los restos de Franco.
Las mismas fuentes se remitieron a la sentencia del Tribunal Supremo, que calificaron de "contundente" y que avala por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador.
Asimismo, se remitieron a la postura del Vaticano al ser preguntados por si acudirán a instancias eclesiásticas superiores ante la negativa del prior.
Sobre el prior de la abadía sólo tiene autoridad el Abad de Solesmes, Philippe Dupont, y el Papa. Precisamente, a finales de septiembre, Dupont señaló a Europa Press que no le corresponde pronunciarse sobre la exhumación de los restos del dictador y apuntó que su posición "siempre será seguir las decisiones y las instrucciones de la Santa Sede".
Fuentes cercanas al Abad de Solesmes aseguraron que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos es una cuestión que está "vinculada a la historia de España y a los elementos políticos". Por ello, sostiene que no le corresponde él --"que es francés" pronunciarse sobre estos asuntos "que pertenecen a los españoles". En cualquier caso, para el Abad de Solesmes, "también es necesario respetar los derechos de la familia", tal y como expresó hace algunos meses.
Por su parte, el Vaticano se remitió a la postura oficial reiterada en diversas ocasiones en relación a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, tras la negativa del prior Santiago Cantera a autorizar la entrada en la basílica, según señalaron a Europa Press fuentes de la Santa Sede. La postura oficial de la Santa Sede es que no se opone a la exhumación del dictador, "si así lo han decidido las autoridades competentes".
El Vaticano se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a la exhumación de Franco, y concretamente a través de una carta que el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, envió el pasado mes de febrero a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo. En definitiva, la Santa Sede defiende que la decisión "concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local". Asimismo, señalaba que la exhumación es "competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española".