El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían. Tales prácticas habrían estado realizándose durante 20 años, pero no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo. De manera provisional, se estima que fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015, según una información del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
A los afectados se les irá llamando paulatinamente para informarles de la existencia del procedimiento judicial. Se contactará con ellos y se les hará el ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa, algo que ya han formalizado hasta el momento siete presuntos damnificados, según confirma la Delegación del Gobierno a partir de datos facilitados por la Policía Nacional.
El pasado sábado, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil, y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que aún permanece en la cárcel.
Los otros trece arrestados quedaron en libertad. Todos ellos, los 15 detenidos, son investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.