Con sus tiendas de campaña han llegado vecinos y asociaciones antidesahucio a las puertas de la casa de Pepi para evitar que se quede en la calle. “¡Este desahucio lo vamos a parar!” gritaban sin descanso durante toda la noche.
Finalmente, la policía ha retirado el cordón policial a primera hora de la mañana por orden de la Delegación del Gobierno. Es la tercera vez que Pepi, de 65 años, y sus dos hijas de 27 y 28 años lograr parar el desalojo porque no tienen alternativa habitacional.
Las tres llevan más de 20 años viviendo en la calle Argumosa, del barrio madrileño de Lavapiés. Pagaban 400 euros de alquiler hasta que un fondo buitre compró el edificio y le pidió 1.700 euros mensuales, según cuenta Pepi.
Hasta la ONU se ha pronunciado sobre este caso. Le había pedido al Gobierno que lo parara hasta que la familia tuviera una alternativa habitacional.