Al igual que los padres, la abuela de Gabriel declara hoy en calidad de testigo en el marzo de las diligencias que se están practicando encaminadas a esclarecer la muerte violenta del niño a manos, presuntamente, de la que era la compañera sentimental de su progenitor, quien fue detenida cuando llevaba el cuerpo sin vida del pequeño en su maletero.
DECLARACIÓN DE ÁNGEL Y PATRICIA
El juez Rafael Soriano tomó declaración como testigos a los padres por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del pequeño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas, Níjar (Almería) y durante los que "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño" y "mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", tal y como él mismo subraya en el auto en el que decretó para ella prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Cabe recordar que Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen, está investigada inicialmente como presunto autora de un delito de asesinato con alevosía, un delito de detención ilegal ya que se llevó a Gabriel "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar", y un delito contra la integridad moral.
A la salida, el abogado que ejerce la defensa de la única detenida, Esteban Hernández-Thiel, quien sí ha estuvo presente en ambas testificales, declinó detallar el contenido de las mismas y apeló al secreto de actuaciones que pesa sobre la causa "por el que la ley me obliga a reserva". "Tenemos la obligación de hacerlo así", dijo al ser preguntado sobre si el juez ha incidido en preguntas encaminadas a acreditar el delito contra la integridad moral. Él mismo reconoció la complicación del caso de defender a alguien que está en el punto de mira del odio de mucha gente.
AUTO DEL JUEZ SORIANO
En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen".
Indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar y que, además, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".
"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya el juez, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
El magistrado Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño", al que mató asfixiándole, y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada.
"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.