El próximo martes se inicia la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2018 y hay un colectivo que se siente damnificado, son los dependientes. Para ellos hay una partida de tan sólo 46 millones de euros y son necesarios 1.700 millones para cubrir la parte de la financiación del Estado que preveía la Ley de Dependencia.

Son datos de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales que denuncia que cada quince minutos muere un dependiente sin recibir la ayuda a la que tiene derecho. Según el Observatorio para la Dependencia, diez comunidades autónomas suspenden en la implantación de la Ley de Dependencia. En la cola están Canarias, Baleares y Cataluña.