En Canet de Mar en Barcelona, hoy no hay niños en el colegio Turó del Drac, ni tampoco manifestaciones como en la que ayer participaron miembros de partidos independentistas y algunos padres, contra la sentencia que obliga a impartir el 25% de la clases en castellano.
Esta vez la confrontación ha ido mucho más allá que un simple debate sobre el modelo lingüístico. Ha incluido amenazas en las redes sociales contra la familia del niño de cinco años que consiguió que la Justicia le reconozca ese derecho.
El Gobierno se limito ayer a llamar a la Generalitat para ofrecer protección a la familia. Hoy Pablo Casado hablaba de 'apartheid' lingüístico. Lo más grave es, sin duda, que un medio digital cercano al independentismo ha publicado los nombres y algunas direcciones, de esa familia y sus negocios.