Imagínense que tienen una casa al borde del mar, en el lugar donde nacieron sus abuelos, en un pueblo pesquero centenario, debidamente escriturada y, de repente, reciben una orden de derribo que afecta a todo el pueblo. Un cambio en la línea de costa, realizado en los años setenta y que no llegó a entrar en vigor, les coloca en una zona de dominio público y les comunican que su casa es ilegal y que deben asumir los gastos de derribo y que no va a recibir contraprestación alguna. Es lo que les está ocurriendo a los vecinos de Torre de la Sal, en Castellón. Temen quedarse en la calle y perder su legado vital.