Raquel y Diana trabajan en un prostíbulo en el norte de la ciudad de Madrid. Las dos tienen estudios universitarios: Raquel es psicóloga y Diana está estudiando un máster en administración. Hace unos años tomaron la misma decisión: dedicarse al trabajo sexual. Aseguran que de media ganan alrededor de 1.500 euros por semana.
A las dos les preocupa la ley contra el proxenetismo que tramita el Congreso y que creen que podría poner en peligro su modo de vida. La ley la impulsa el partido socialista y contempla penalizar a los dueños de los locales y a los clientes. La propuesta se acerca al modelo de otros países como Francia, Suecia o Noruega, que persiguen esa actividad.
Ese modelo es el que apoyan las asociaciones que trabajan con mujeres que han sido obligadas a prostituirse. Vanessa Silva fue una de ellas y ahora lucha por la abolicion de la prostitución desde la organización "Las Independientes". Pide que se castigue a los clientes y asegura que durante los 15 años en los que fue obligada a prostituirse ninguno de ellos se preocupó por su situación. Marcela, que vivió la misma situación y ahora trabaja para la organización APRAMP, cree que las multas no van a cambiar la situación y que debe haber penas de cárcel.