Ramón García y Fátima Macho descubrieron hace seis años que un piso de su edificio había sido transformado en cinco pequeños apartamentos que se dedican desde entonces al alquiler turístico. Junto al resto de la comunidad de vecinos han puesto en marcha una lucha legal que ya les ha costado, según sus cálculos, unos 10.000 euros en abogados y notarios.
Su situación no es única, porque la expansión del los pisos turísticos en Madrid es general. En el barrio de Sol ya hay el doble de pisos turísticos que de menores empadronados. En total, en el centro de esa ciudad hay 13.000 pisos de esas características ofertados solo en Airbnb. Las asociaciones de vecinos calculan que incluyendo los pisos anunciados en otras páginas la cifra se podría duplicar.
Hay miles de denuncias contra ellos, porque ejercer esa actividad está prácticamente prohibido en Madrid desde 2019, pero el año pasado solo se pusieron 100 multas. Las asociaciones de vecinos achacan esa lentitud a que el ayuntamiento solo tiene diez inspectores para vigilar todo el negocio del hospedaje en Madrid: no solo los pisos turísticos, sino también los hostales y los hoteles.
La situación es distinta en otras ciudades como Palma, donde el ayuntamiento prohibió los pisos turísticos en comunidades de vecinos. El asunto ha llegado al Tribunal Supremo, que esta semana ha avalado la prohibición. La sentencia es importante porque allana el camino a otras ciudades que quieren hacer lo mismo, como Valencia. La semana pasada el ayuntamiento de esa ciudad anunció que prohibirá esa actividad en el casco antiguo.