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Este sábado acaba un año en el que la política nos ha dejado aun más crispación, dimisiones sonadas en la cúpula del PP, la entrada de vox en un gobierno autonómico y también muchas leyes polémicas, como las rebajas de delitos que beneficiarán a los condenados del process.
Un año nada ejemplar en un congreso que empezó ya con errores muy sonados, con el fallo en el voto telemático del diputado del PP, Alberto Casero, que salvó la reforma laboral del Gobierno para comenzar el año.
Un mal trago para Casado aliviado, en parte, por la victoria de Mañueco en Castilla y León. Se quitó de en medio a Ciudadanos, pero firmó el primer gobierno de coalición con Vox. Hasta que Génova estalló. Isabel Díaz Ayuso denunció haber sido espiada por los suyos para hundirla, Casado sembró dudas de corrupción sobre la presidenta y su hermano comisionista y acabó perdiendo el pulso y se fue junto a Egea.
Entretanto, estallaba la guerra en Ucrania y Pedro Sánchez daba un volantazo sobre el Sáhara respaldando el plan marroquí para la excolonia.
El escándalo por el espionaje del CNI al independentismo destapó pinchazos a miembros del Gobierno por parte de un tercero. Fue cesada la directora de los servicios de inteligencia.
Y en esto, regresó el emérito a España. Visita fugaz y sin fotos al rey y su familia antes de volver a Abu Dabi.
El PP logró en junio una victoria aplastante en Andalucía. Seís días después, Melilla registraba la mayor tragedia en la frontera terrestre con Marruecos, con 23 muertos.
Y en medio de un verano tórrido, con récord en hectáreas quemadas por incendios, Sánchez aprovechó el recuperado Debate sobre el Estado de la Nación para anunciar impuestos a las eléctricas y a la banca para compensar un escenario de inflación disparada.
En octubre parecía que, tras años de bloqueo, podía haber salida por fin para la renovación de los órganos judiciales. El espejismo duró pocos días. El PP reculó por los planes del Gobierno para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación a medida del independentismo
La aprobación de los terceros presupuestos de la legislatura confirmó la dependencia del Ejecutivo de independentistas, nacionalistas y abertzales.
Fue polémica la entrada en vigor de la Ley del Solo sí es sí, con rebaja de penas y excarcelaciones a violadores. La crispación creció. De la crítica política, se pasó al insulto personal. Y de ahí al Congreso convertido en lo peor de una red social.
Clima asfixiante que acompañó una decisión sin precedentes: veto del Constitucional a la reforma exprés del Gobierno de las normas de elección de sus magistrados.
El 24 de diciembre llegó el discurso del rey. Dos días después, comenzó a desinflamarse una de las mayores crisis institucionales del país con la renovación de cargos judiciales. Un pequeño alivio ante un 2023 que traerá consigo dos grandes citas electorales.