La expareja de Verónica, sospechoso de la difusión del vídeo sexual que acabó con el suicidio de la mujer, ha quedado en libertad sin cargos. No hay nada que lleve a su detención. Ha estado prestando declaración después de que él mismo se presentase voluntariamente en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Ha asegurado que no difundió el video y de momento la policía no tiene datos para pensar que miente.
La policía investiga la filtración del vídeo íntimo de la mujer, madre de dos hijos pequeños, que terminó suicidándose tras ver cómo este se difundía por toda su empresa de automoción (IVECO).
Veinte compañeros y excompañeros de Verónica fueron los primeros en tener los vídeos de contenido sexual en los que ella aparecía: un grupo de WhatsApp en el que está el hombre que fue su pareja; el mismo que ella identificó ante sus jefes como presunto autor de la difusión dos días antes de quitarse la vida. Ese hombre, que ya no trabaja en la empresa, no ha aguantado la presión. Le llegaban amenazas desde que se conoció la muerte de Verónica, y porque la policía estaba sobre quienes compartieron los vídeos íntimos que él, presuntamente, habría puesto en circulación, llegando a decenas de trabajadores.
No era un secreto que Verónica se sentía acosada. Sufría burlas y comentarios de sus compañeros. El caso está en los tribunales. La jueza de Alcalá de Henares, en Madrid, que se hizo cargo del suicidio de Verónica, investiga ya un posible delito de revelación de secretos. Si se confirma el acoso, la coacción, habrá consecuencias penales, tanto para el responsable como para quienes contribuyeron a causar un daño a la intimidad de la mujer. Las penas podían ser de hasta 5 años de cárcel.
Verónica contó a la dirección su infierno por la difusión de vídeos sexuales. En algunos no estaba sola. No se tomaron medidas.