La decisión del Alto Tribunal de suspender cautelarmente la ley del referéndum, el decreto de su convocatoria, la norma complementaria que lo desarrolla y la designación de la Sindicatura Electoral implica que los miembros del Govern, empezando por su presidente, Carles Puigdemont, sean notificados de su deber de paralizar o impedir cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Fuentes del tribunal de garantías han añadido que en las resoluciones se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos sesenta altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña-. De hecho la notificación a los alcaldes debe hacerse con “carácter urgente y preferente”. Las notificaciones, establece el Constitucional, se harán a través de la Delegación del Gobierno.

Las notificaciones se hacen extensivas también a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes, como la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorachel, el director de TV3, Vicent Sanchís, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

Igualmente deben ser notificados los responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo, Pere Soler I Campins. Tambiém los comisarios jefe de Coordinación Central y Territorial, Joan Carles Molinero y Lluís Fernando, y el de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo, y el director general de Protecció Civil, Joan Delort.