En un auto, el magistrado Llarena indica que hace sólo cinco días, el 17 de mayo, la Sala de apelación del Supremo rechazó la libertad de ambos exconsellers, y añade que en este breve lapso de tiempo no ha habido una modificación de los parámetros básicos de evaluación del riesgo de reiteración delictiva.
Según el instructor, la determinación de los partícipes, Rull y Turull, en los hechos que se investigan era continuar la ejecución del plan ilegal para lograr la independencia tan pronto recuperaran el control de las instituciones de Cataluña, lo que muestra que "un eventual retorno de los procesados al Consejo de Gobierno de esa comunidad no sólo no desvanece o mitiga el riesgo de reiteración delictiva que trata de conjurarse, sino que lo potencia, más aún cuando el presidente que pretende designarlos ha exteriorizado su voluntad y determinación de impulsar la república independiente ilegalmente declarada".