Las defensas de los 18 acusados en la causa del 'procés' han defendido ante la sala del Supremo que los hechos que se imputan a los políticos catalanes como constitutivos de rebelión ocurrieron en Cataluña y que por tanto la competencia para juzgar los hechos corresponde al Tribunal Superior de Justicia en Cataluña (TSJC). Además, acusan a la Fiscalía de hacer una "confección artificial" de lo ocurrido con el 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 2017 para forzar un juicio en Madrid.
Este ha sido el argumento principal de las defensas durante el trámite de cuestiones formales en una vista en la que no han estado presentes los encausados, para los que se piden penas de hasta 25 años de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.
El abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y a los exconsejeros, Josep Rull y Jordi Turull, ha subrayado que los hechos que se pretenden juzgar en el Supremo se concentran en el 20 de septiembre del pasado año -la concentración multitudinaria frente a la Consejería de Economía- y la celebración del referéndum del 1 de Octubre, ambos ocurridos exclusivamente en Cataluña.
El letrado ha reconocido que el escrito de la Fiscalía habla de que la preparación del referéndum requería acciones que se celebraron fuera del territorio catalán, como fueron la actividad del Diplocat, la creación de un registro de votantes en el exterior, la gestión de locales para votar fuera, la intervención de un 'lobby' estadounidense, y la creación páginas web alojadas en otros países, así como la participación observadores internacionales.
No obstante, Pina ha subrayado que ninguna de dichas actividades conforman los elementos típicos de la rebelión -un alzamiento violento o tumultuario- sino que son simples actos preparatorios que no pueden integrarse en este tipo delictivo.
"Lo lógico es que nos centráramos en los delitos que tienen pena mayor, como el de rebelión, y si no integran estos hechos el tipo, la competencia no puede ser del Tribunal Supremo", ha afirmado Pina, que ha extendido estas mismas carencias al delito de malversación que se atribuye a sus defendidos.
En este segundo caso, ha puesto de manifiesto que no hay en los escritos de acusación "la más mínima referencia" a que los acusados hayan participado en ninguno de los hechos relativos al Diplocat o a los registros en el exterior, que se atribuyen además a otras personas que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
También ha comparado esta causa con el juicio por la consulta del 9-N que se celebró en el TSJC, donde se aportaron como prueba fotografías de votos en el exterior "y allí a nadie se le ocurrió que la competencia fuera del Supremo".
Con estos argumentos ha coincidido Van Den Eydenel, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, quien en un discurso algo más abstracto que el de Pina ha manifestado que el acto que se ha celebrado este miércoles "es una vista sobre un modelo de crisis" y ha incidido en que la mayor parte de la Instrucción en el Supremo ha consistido en un volcado de la realizada por el Juzgado número 13. "El proceso no ha seguido las reglas del proceso debido", ha dicho.