La guerra está abierta. El Ejecutivo contra el Judicial. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señala al magistrado Ricardo González, el firmante del polémico voto particular de ‘La Manada’. “Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares… pues yo creo que se podría haber evitado”, ha dicho, sembrando la duda sin aportar datos.
El juez fue sancionado por retrasos –la última vez hace 15 años–, y desde entonces y durante el actual mandato del Consejo del Poder Judicial no constan quejas contra él. Tampoco en el tiempo en que el magistrado ha estado a cargo de este asunto.
Las asociaciones judiciales piden ahora unánimemente la dimisión del ministro, y en los partidos el PSOE se suma a la acusación del Gobierno.
“Estoy convencida de que cuando él las ha dicho es porque tiene conocimiento de causa”, ha argumentado la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles.
Mientras, Ciudadanos critica la injerencia: “Lo que no se puede hacer es señalar a los jueces”, dice José Manuel Villegas.
Podemos, por su parte, también ha censurado los comentarios del ministro.