La petición del tribunal alemán se realiza a iniciativa del equipo de abogados de Puigdemont, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, y responde al interés en conocer los hechos que podrían sustentar este delito en el caso del expresident de cara a su entrega a España.
El tribunal de Schleswig-Holstein rechazó en principio que la extradición del expresidente catalán pudiera realizarse por el delito de rebelión que le imputa España.
El informe que Hacienda le entregó a Llarena fue la base del auto que el magistrado del Supremo se basó para dictar un auto en el que afirmaba que los datos que le entregó Montoro coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación contra los miembros del exGovern.
Varios abogados de las defensas hicieron notar las manifestaciones de Montoro en el sentido de que ni "un euro público" en el referéndum ilegal del 1-O- el juez precisaba que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) había dictado cuatro acuerdos para el el control presupuestario de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Llarena, por su parte, cuenta también con información de control a través de diversos requerimientos realizados a la Intervención de la Comunidad Autónoma, así como las denuncias que desde el mes de septiembre de 2017 Hacienda ha venido formulando ante la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Cataluña en relación con las campañas promocionales del referéndum, además de la financiación a través del Diplocat de los gastos generados por los expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum.
En este mismo documento, Llarena enumeraba otras pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos (una campaña en abril 2017 con el eslogan "sí o no" sobre el mapa de Cataluña y otra campaña el 4 de septiembre de 2017 para fomentar participación en la votación del 1-O), la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales (pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa "The Hague Centre for Estrategic Studies" y gastos de DIPLOCAT).