Los denunciantes consideran que, al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.
En la denuncia que ha sido presentada en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda afirman que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria", ya que el Parlament tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentra investir al presidente de la Generalitat.