El magistrado del TS decretó la suspensión para ejercer cargo públicos a los encausados al concluir la instrucción de la causa del 1-O.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, se aplicó el 13 de julio, porque fue el día en que el Parlament recibió la notificación de la interlocutoria del Supremo en que se comunicaba oficialmente la suspensión de cargo público.
La portavoz ha explicado que aceptan la situación, pero que no esto no significa que "no se intente revertir legalmente", y ha asegurado que la decisión final sobre cómo actuar es de la Mesa del Parlament --el órgano rector de la Cámara-- y no del Govern por una cuestión de separación de poderes.
Quien ha tomado la decisión de cortarles el sueldo, la 'Oïdoria de Comptes i Tresoreria' del Parlament, es el departamento de la Cámara que se ocupa de la contabilidad de la institución, la fiscalización previa de los gastos, la realización material de los pagos y la percepción de los ingresos.
Los diputados suspendidos de cargo público por Llarena son seis: el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; el líder de JxCat en la Cámara y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.
La decisión de cortarles el sueldo supone que la Cámara acata la decisión del juez Llarena, aunque Artadi ha defendido que "no significa que estén suspendidos", y ha insistido que la decisión final debe ser de la Mesa del Parlament.
Así, ahora mismo la situación de los seis diputados suspendidos es la siguiente: la Cámara les ha quitado el sueldo, pero aún tiene pendiente decidir si les retira sus funciones de diputados y por lo tanto, la capacidad de votar en los plenos.