Aunque el Ejecutivo ha reiterado en numerosas ocasiones su "intención" de remitir a las Cortes el proyecto de Presupuestos antes de final de año porque la voluntad es negociar "hasta el final", fuentes del mismo admiten que existe la opción de ni siquiera presentarlos si se constata que no se pueden aprobar.
Varios parlamentarios del Grupo Socialistas admiten que para el Gobierno puede resultar más cómodo no presentar unos nuevos Presupuestos si no puede sacarlos adelante, ya que esto daría una imagen de debilidad. Argumentan que a la dificultad del apoyo de los independentistas se une la situación particular del PNV, a quien los Presupuestos en vigor benefician por la negociación con el Partido Popular.
En la actualidad, el Gobierno de Pedro Sánchez tan solo ha suscrito un acuerdo con Unidos Podemos en torno a los Presupuestos. Además, ha iniciado conversaciones con el PNV, aunque los nacionalistas vascos ya han advertido que no se "desgastarán" en una negociación que no tiene vistas de prosperar por el rechazo de ERC y PDeCat.
Los partidos nacionalistas catalanes recordaban este jueves 15 de noviembre que el Gobierno aún no se ha dirigido a ellos para hablar de los Presupuestos, lo que interpretan como una muestra de falta de interés real del Ejecutivo en la aprobación de los Presupuestos.
Con los presupuestos de Rajoy prorrogados, el Gobierno tendrá la capacidad a partir del 1 de enero de 2019 para sacar adelante ciertas medidas por Real Decreto-ley y a través de ampliaciones determinadas de crédito. Así se podrían incrementar las pensiones o el sueldo de los funcionarios o recuperar los subsidios por desempleo para los parados de más de 52 años.
Esta posibilidad ya la admitió el propio Pedro Sánchez en rueda de prensa el pasado 7 de noviembre cuando avanzó que, si no conseguía aprobar los Presupuestos, intentaría desarrollar algunas medidas vía aprobación de Reales Decretos-ley. Es más, ya ha anunciado que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros se aprobará mediante esta fórmula cuando termine el año, para que entre en vigor el 1 de enero.
La incógnita, por lo tanto, se despejará el próximo mes de diciembre. El Gobierno aseguró el pasado miércoles 14 de noviembre en sede parlamentaria que trabaja para remitirlos al Congreso antes de que acabe el año. Algo que el grueso de los diputados socialistas consultados por Europa Press ven harto difícil.