Javier Ramos ha declarado como testigo ante la instructora Carmen Rodríguez-Medel que investiga presuntas irregularidades en el máster del Instituto de Derecho Público, que estudió la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Cifuentes declarará el próximo martes como investigada en esta causa, cuyo número de imputados asciende a catorce.
Para Ramos la Universidad es la "gran perjudicada" de todo. De hecho, recordó que fue quién llevó a la Fiscalía de Madrid una de las denuncias que iniciaron el procedimiento penal por un delito de falsificación documental.
Al parecer, Rodríguez-Medel habló durante el interrogatorio acerca de que la normativa impedía que al candidato a la Presidencia del PP se le convalidaran 18 de las 22 asignaturas del máster. Pese a ello, la universidad se lo permitió, según publica el diario digital 'Elconfidencial.es'.
La jueza, en su auto, insiste en que ve necesario verificar si hay "indicios de delito" en diversos expedientes académicos, siendo el "más significativo" el del popular Pablo Casado. La instructora previsiblemente se inhibirá a favor del Tribunal Supremo de la parte de la causa que se refiere a Casado porque es aforado por su condición de diputado.
Ramos habría incurrido en muchas "contradicciones" durante su interrogatorio y fue "incapaz de dar una explicación razonable" de todo lo que aconteció el 21 de marzo.
Tras estallar la polémica, a raíz de la publicación de la noticia en 'eldiario.es', Ramos ofreció una rueda de prensa junto al director del IDP ahora investigado Enrique Álvarez Conde y el profesor Pablo Chico de la Cámara en el que afirmaron que no había "irregularidad alguna" respecto al acta de notas de la exmandataria madrileña.
Por otro lado, estas fuentes han señalado que Ramos habría manifestado que la universidad no tiene un protocolo sobre cómo se ha de proceder para la rectificación de las actas, lo que exculparía de responsabilidad penal a la investigada Amalia Calonge.