En este sentido, tacha de "inasumible" e "improcedente" el intento perpetrado por los exdirigentes independentistas de "fiscalizar o enjuiciar" la actividad de un magistrado español ante órganos judiciales extranjeros.
La UPF "ratifica su compromiso en defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española". Sus declaraciones como consecuencia ante la demanda civil interpuesta contra Pablo Llarena en Bélgica por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros.
"El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del Estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales", ha esgrimido esta asociación, que ha manifestado su "unidad" en torno a Llarena y la "necesidad" de que el Estado se persone en el procedimiento judicial.
Otras asociaciones de jueces y fiscales -con la excepción de las progresistas Jueces para la Democracia y de la UPF- se habían pronunciado en la misma línea. Hicieron un comunicado conjunto promulgado inicialmente por la Asociación Profesional de la Magistratura.