La intención de los comandos independentistas catalanes de imposibilitar la celebración del Consejo de Ministros el 21-D en Barcelona podría suponer de 2 a 4 años de cárcel para sus impulsores. Así lo recoge el artículo 503 del Código Penal, que determina que cualquier acción que obstaculice reuniones del Gobierno es un delito grave.
El mismo apartado identifica como delito contra las Instituciones del Estado invadir "violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros", que se celebrará en la LLotja de Mar. También se considerará como autor de la comisión de un delito a todo aquel que "coarte o por cualquier medio ponga obstáculos a la libertad del gobierno reunido en Consejo".
El artículo 504, por su parte, impone una pena mayor -de de tres a cinco años- para quienes hagan uso de "fuerza, violencia o intimidación" para impedir que los miembros del Consejo acudan a la reunión.
Las consecuencias no acaban ahí, sino que si las organizaciones "calumnian, injurian o amenazan gravemente" a los cuerpos de seguridad o al propio Gobierno, se impondrá una sanción de 12 a 18 meses.
Estas son las penas a la que se podrían enfrentar las brigadas independentistas si llevan a cabo su acciones de movilización y cortes de circulación en puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos de Barcelona.
Según han adelantado los colectivos, la organización Arran planea una concentración este jueves a las 18:00 horas en Pedralbes durante la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Esa misma tarde, está prevista otra protesta junto con CDR y la CUP frente al hotel en el que cenarán los ministros y ambos líderes.
El viernes (21-D), los colectivos pretenden trasladarse hasta la LLotja de Mar, donde tendrá lugar el Consejo de Ministros.