Pese a la abstención anunciada por el PP, dos de sus diputados votaron en contra de la exhumación de Franco: el expresidente del Congreso Jesús Posada y el diputado José Ignacio Llorens, aunque fuentes del PP han asegurado a EFE que se ha tratado de un error.
El Congreso ha aprobado que se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas al texto durante su tramitación parlamentaria.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido a PP y Ciudadanos de que no habrá "paz sin justicia" mientras se mantenga la "atroz anomalía" que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas criticando a ambos partidos por "ponerse de perfil" frente a la dictadura.
PP y Ciudadanos han rechazado que la exhumación de Franco se haga por decreto cuando no está justificada su urgencia 43 años después de su muerte acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar este asunto como una "cortina de humo" para tapar su incompetencia y su debilidad.
El Gobierno cree que los restos del dictador podrán salir del Valle de los Caídos a finales de año. El Ejecutivo ya dijo que si la familia de Franco no decide qué hacer con sus restos, Moncloa decidirá dónde va.
La familia Franco ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno del pasado 24 de agosto al considerarlo ilegal y una "profanación de sepultura". A estas críticas se han sumado además las de la Fundación Franco, que se dirigió al PP para pedirle que recurra también al alto tribunal la exhumación de Franco y que se oponga a su aprobación en la Cámara.
Pese a este apoyo final previsto, la iniciativa del Ejecutivo que modifica la Ley de Memoria Histórica del anterior equipo socialista fue acogida con grandes críticas por parte del PP y de Ciudadanos, que no consideraban ni oportuno ni prioritario retirar el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos.